COMUNICADO DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS

COMUNICADODE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS

 LAS PENSIONES PÚBLICAS ANTE EL PACTO DE TOLEDO. XII LEGISLATURA

La pensión de jubilación es una prestación pública basada en las cotizaciones a la Seguridad Social durante la etapa laboral, que se alcanza cumpliendo los requisitos establecidos por la ley. El Estado, de acuerdo con la Constitución (art. 50), es el garante de su suficiencia y de su actualización periódica. El Gobierno de turno, gestor de las pensiones, ha utilizado el dinero para diferentes usos de los Presupuestos Generales.

Las cotizaciones a la Seguridad Social han servido para hacer frente al sistema de salud, a los complementos a mínimos, pensiones no contributivas, gastos sociales diversos y otros no sociales… hasta, en los últimos tiempos, para reducciones de cuotas a las empresas y/o tarifas planas con el argumento, no cumplido, de aumentar los ingresos de la caja de la Seguridad Social. Después de todo esto no parece razonable que se nos diga que la única fuente de ingresos para las pensiones son las cuotas y que estas no son suficientes y que, por lo tanto, peligran las pensiones. Si el dinero de las pensiones se ha utilizado para los Presupuestos Generales, no hay ninguna razón que justifique que los Presupuestos Generales no puedan ni deban utilizarse para las pensiones.

Los problemas de la sostenibilidad y la viabilidad del sistema son recurrentes. Los expertos consultados por el Gobierno, proponen parches más que una solución adecuada al sistema público de pensiones. Son sistemáticos los estudios publicados que vaticinaban la quiebra del sistema (informes de 1990, 1995, 2000, 2005, 2010…) basándose siempre en la misma argumentación: envejecimiento de la población, disminución del número de personas en edad de trabajar y mayor esperanza de vida, pero sin tener en cuenta la productividad, la tasa de actividad, las jubilaciones anticipadas, los ingresos y el principio de progresividad contemplado en el art. 31 de la Constitución. Como solución se recomendaba reducir los gastos, como se ha hecho en las sucesivas modificaciones de la ley (2007, 2011, 2013). Pero nunca se ataca con seriedad el incremento de los ingresos, el fraude fiscal o la economía sumergida, mal endémico en España que ronda el 24% y que, sin excesivas dificultades, se podría rebajar hasta el 14% como está en los países de nuestro entorno. La sostenibilidad está siendo recurrente a lo largo de los años, provocando la desazón en los contribuyentes actuales y el enfrentamiento intergeneracional. Ya está bien de alarmar a la población con intereses espurios. El problema del déficit es coyuntural y no debe tratarse como estructural. Con un nivel de paro por encima del 20% no solo está en peligro el sistema público de pensiones sino todo el estado de bienestar.

El Estado debe satisfacer el derecho adquirido desvinculándolo de los avatares que puedan producirse por crisis puntuales o tiempos de bonanza. Si el Estado no quiebra, lo que es impensable, las pensiones públicas no pueden quebrar, ni siquiera peligrar.

Madrid, 23 de febrero de 2017